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La justicia británica frena la extradición de Assange por riesgo de suicidio

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Julian Assange ganó la primera etapa judicial de su lucha contra la extradición a Estados Unidos debido al deterioro de su salud mental, que incluye el riesgo de suicidio, según reconoció la magistrada Vanessa Baraitser en la sentencia dictada este 4 de enero. La magistrada de distrito hizo referencia al diagnóstico de siquiatras y expertos en trastornos mentales que examinaron al fundador de WikiLeaks y revisaron su historial clínico y el de su familia. También aceptó informes de los funcionarios de la prisión de alta seguridad de Belmarsh, donde está recluido desde abril de 2019.

Así, Baraitser no dudó de que Assange sería encarcelado en régimen de aislamiento y otras «medidas especiales» hasta la celebración de un juicio en el Estado de Virginia y después de un probable verdecito desfavorable. Por consiguiente, se declaró «convencida» de que «la salud mental del señor Assange se deteriorará hasta el punto de que se suicidará» si es entregado a las autoridades estadounidenses.

Los abogados de la fiscalía británica confirmaron la intención de la administración estadounidense de apelar contra la decisión del tribunal de primera instancia. Ambas partes acordaron demorar hasta el miércoles 6 la presentación de argumentos en favor y en contra de la puesta en libertad provisional, bajo fianza y condicional, del todavía reclamado por la Justicia de EEUU. Assange fue convocado a asistir personalmente en esa próxima audiencia, prevista esta vez en la Corte de Magistrados de Westminster, en que se decidirá su futuro inmediato.

En contra de la medida de gracia persiste la experiencia de 2012, cuando el australiano burló las condiciones de su libertad y se refugió en la embajada de Ecuador después de perder todos los recursos contra su extradición Suecia por alegaciones de agresión sexual, que finalmente fueron desestimadas.

Un caso extraño

Los jueces británicos rara vez rechazan solicitudes de extradición de EEUU. Entre las excepciones previas destacan dos casos de pirateo informático que el propio abogado de Assange, Edward Fitzgerald, defendió hasta la victoria final en sendas ocasiones. Ambos reclamados recuperaron la libertad, en apelación o por intervención ministerial, debido a su vulnerabilidad mental.

Sicólogos y siquiatras testificaron que el patrón de WikiLeaks sufre «depresión recurrente, con alucinaciones sicóticas, de moderada a muy severa, y episodios suicidas». También padece el síndrome de Asperger, según el especialista en autismo, Quinton Deeley. Es el trastorno mental que contribuyó a la derrota de la solicitud de extradición de los ‘hackers´, Lauri Love y Gary McKinnon.

El juicio se desarrolló en dos etapas distintivas: la presentación del caso por parte de ambos equipos legales durante dos semanas de febrero; testimonios orales y escritos de médicos, funcionarios, analistas, académicos y otros expertos entre el 7 de setiembre y el 1 de octubre. La magistrada concluyó las vistas públicas sin dar tiempo para que los respectivos abogados expusieran sus alegatos finales, que presentaron por escrito antes de finales de año.

El departamento de Justicia de EE UU reclama la entrega del exdirector de WikiLeaks para juzgarle por supuestas infracciones de la ley de Espionaje de 1917 y por un delito de pirateo informático, que conllevan penas de hasta 175 años en prisión. El auto de acusación, que fue ampliado en al menos tres ocasiones a lo largo del proceso judicial, enumera diecisiete cargos de «conspiración para obtener y divulgar información de la defensa nacional» y un presunto delito de «intrusión informática».

El primer grupo de imputaciones deriva de la publicación en el portal de WikiLeaks, en 2010 y 2011, de unos «250.000 cables sin editar» del departamento de Estado; «75.000 informes de actividades» durante la guerra de Afganistán; 400.000 de las acciones en Irak; y unas 800 evaluaciones de los detenidos en la base de Guantánamo.

El tribunal de Alejandría, del distrito del Estado de Virginia, también acusa a Assange de «alentar y ayudar» a la exanalista militar Chelsea Manning a romper códigos informáticos a fin de «obtener ilegalmente» archivos clasificados. «Son cargos criminales ordinarios … el periodismo no es una excusa para delinquir», argumentó James Lewis, el abogado fiscal que representa a EEUU en el procedimiento judicial.

Lewis incidió en que «no es un juicio de los hechos», sino que la jueza únicamente debería considerar si la solicitud estadounidense se ajusta a la ley británica de extradición, de 2003. El abogado disputó incluso la posición de la defensa de Assange, que fijó como referencia el Tratado de extradición entre EEUU y Reino Unido, donde se menciona específicamente la cuestión política entre los motivos que bloquearía la entrega del reclamado.

A su vez, desde las bancadas opuestas, Fitzgerald apuntaló la defensa del australiano en el móvil político de la persecución del fundador de WikiLeaks y la violación de sus derechos humanos. El condecorado abogado alegó «abuso de proceso» por parte de la administración republicana y guió las declaraciones de decenas de testigos sobre la falta de garantías de un juicio justo en EEUU, la injerencia del presidente Donald Trump y su cruzada contra los medios comunicación, la libertad de prensa y, entre otros pilares, la vulnerabilidad física y mental de Assange, con riesgo de que intente suicidarse si es extraditado de Londres.

Un juicio justo

«Yo no tuve un juicio justo. Julian Assange tampoco lo puede tener bajo la ley de Espionaje», declaró Daniel Ellsberg, el veterano exanalista militar que filtró a los medios 7.000 folios de documentos secretos de la guerra de Vietnam. Cofundador de la Freedom of the Press Foundation (FPF), que protege la libertad de prensa en la era de la revolución digital, trazó un paralelismo entre los llamados ‘Papeles del Pentágono’ y los informes confidenciales publicados por WikiLeaks y medios generalistas internacionales, como The Guardian y el New York Times. «Son de máxima importancia para el público. Tienen la capacidad de informar al público de las falsedades y la desinformación sobre la guerra y tienen la capacidad de cambiar la política», testificó en conexión audiovisual desde California.

Baraitser desechó todos los alegatos sobre la naturaleza política del procedimiento y el ataque contra la Convención de Derechos Humanos y limitó su rechazo a la solicitud de Washington en la salud mental del reclamado, que lleva una década encerrado en una celda o en el refugió que encontró dentro de la embajada de Ecuador en Londres.